Después de Tlaxcala, denunciar un delito en Oaxaca es mucho más tardado que en cualquier otra parte del país.
De acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, elaborado por la organización Impunidad Cero, detalla que las víctimas de delito pueden pasar hasta cuatro horas antes de que las instancias de procuración de justicia puedan abrir el expediente de denuncia.
El documento que evalúa el desempeño de las procuradurías y fiscalías a tres años de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y que considera los indicadores de estructura, operación, resultados y política criminal, detalla que una persona requiere en promedio 236.17 minutos, muy por encima de la media nacional que es de 141.72
Este dato, detalla Impunidad Cero, se obtiene con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018.
Tlaxcala, es más lento
El mayor tiempo reportado se tuvo en Tlaxcala, donde la mediana fue de casi cuatro horas (238.29 minutos). La entidad donde es más rápido denunciar es en Durango, con una mediana de 80 minutos, indica el informe.
“En este indicador sí se observaron movimientos respecto de la edición pasada del índice. Guerrero, que se ubicaba en la última posición en el Índice 2018, disminuyó sus tiempos y subió ocho posiciones. Por su parte, Tlaxcala, que ahora se ubica en la peor posición, tuvo un aumento considerable en el tiempo, ya que pasó de 157 a 238 minutos para el Índice 2019. Durango tuvo una mejora considerable, ya que en la edición anterior se observó una mediana de 118 minutos, y para esta edición fue la entidad mejor evaluada, con una mediana de 80 minutos”, precisa.
La organización detalla que el indicador proporciona evidencia sobre la calidad de los servicios a los denunciantes, pero también ilustra la poca capacidad de reacción inmediata de las autoridades en las primeras indagaciones.
La incidencia delictiva y la justicia penal -agrega- derivan de factores sociales, económicos e institucionales, “y que existe un conjunto de organizaciones que van desde la prevención social de la violencia, hasta el sistema de reinserción y seguimiento de las personas sentenciadas, dedicamos este estudio en particular a las fiscalías y procuradurías estatales, —actores cruciales en el sistema de justicia—, ya que el desempeño de estas instituciones, así como la reducida capacidad de investigación criminal, son el talón de Aquiles del combate a la impunidad”.
