De acuerdo con especialistas, en México falta una legislación que obligue a las empresas que fabrican aparatos electrónicos y eléctricos a hacerse cargo del tratamiento y la disposición final de estos residuos, ya que aquí sólo existe la Responsabilidad compartida y diferenciada, no como en otros países donde se aplica la Responsabilidad ampliada del fabricante, con lo que se exige a las empresas hacerse cargo del tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Cada mexicano produce entre siete y nueve kilogramos de basura electrónica anualmente. Si la cifra se multiplica por los 120 millones de habitantes (de 840 a mil 80 toneladas), se convierte en un problema, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.
Con ello, nuestro país se convierte en el tercer “tirador” de este tipo de deshechos per cápita en América, sólo después de Estados Unidos y Canadá, señaló Heberto Ferreira Medina, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la máxima casa de estudios, campus Morelia.
De acuerdo con el comunicado, se estima que para el 2015 se habían tirado aproximadamente alrededor de 900 mil toneladas de equipo. Esto quiere decir que si fueran apiladas, llenarían una plancha del zócalo capitalino por año y, de continuar esa tendencia, cada dos años podría atiborrarse el Estadio Azteca. Es un problema que diluido en el ámbito nacional no se nota, pero son desechos que pueden llegar a contaminar los mantos freáticos y los hábitat; además, destacó, no hay una cultura del reciclado.
El aumento en el volumen de basura electrónica se ha incrementado desde 2010, año en que cada mexicano, según datos del Instituto Nacional de Ecología, desechaba en promedio entre tres y cinco kilogramos, ya para el 2015 la cifra creció a nueve kilogramos per cápita por año, advirtió.
En ese sentido, Fernando Bejarano, del Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) y el doctor Guillermo Román Moguel, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) coincidieron en que en México falta una legislación que exija a las empresas que fabrican aparatos electrónicos y eléctricos a hacerse cargo del tratamiento y la disposición final de estos residuos, ya que aquí sólo existe la Responsabilidad compartida y diferenciada, no como en otros países donde se aplica la Responsabilidad ampliada del fabricante, con lo que se obliga a las empresas a hacerse cargo del tratamiento adecuado de los residuos peligrosos.
En nuestro país, dijo Román Moguel a SinEmbargo, “es un absurdo porque nadie es responsable porque dice ahí que debe de ser del productor, del comercializador, del público, del Gobierno, etcétera y ese es uno de los problemas más grandes”. Y agregó que no sólo se trata de crear leyes, sino de establecer los mecanismos necesarios para que la gente recicle, “¿cómo una persona de edad avanzada va a entregar su televisor que pesa 20 kilos a un sitio 10 o 20 kilómetros? Es una imposibilidad física”, apuntó.
“Lo principal es que el estado retome su responsabilidad porque el tema de salud ambiental está difuso, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Salud en conjunto tendrían que promover cambios legislativos para que haya obligación en la producción de cualquier componente eléctrico o electrónico de hacerse cargo el fabricante o el distribuidor de esas operaciones, no los obligan y se crea esta situación”, comentó Bejarano a este medio.
ALTAMENTE CONTAMINANTES
En el comunicado, la universidad resaltó que uno de los peligros de estos desechos son los componentes como los microcircuitos de las “tarjetas madre”, los tubos de rayos catódicos de los monitores viejos y las pilas, entre otros, que contienen cromo, plomo y cadmio, metales pesados tóxicos para la salud. “Se sabe que si una pila contamina una alberca el impacto durará decenas de años”, alertó Ferreira Medina. Al referirse al riesgo que representan para la salud humana y ambiental, el experto los calificó como “altamente contaminantes”.
Además, añadió, hay que tener cuidado con los plásticos retardantes de llama con base de polibromodifenil éteres (PBDE) –se deforman y no producen flama al incendiarse; suelen usarse en ropa, muebles y aparatos electrónicos–, pues son bioacumulables y en altas concentraciones dañan la salud de los seres vivos.
Por su parte, Román Moguel destacó que pueden causar daños al hígado, al sistema nervioso, cáncer, entre otros.
Ferreira propuso hacer efectivo el concepto “disposición adecuada”, que consiste en “desensamblar los aparatos electrónicos de forma correcta; es decir, separar plástico, metales y componentes, además de reciclarlos para que vuelvan a las cadenas industriales. Es deseable que tanto el plástico como los metales se usen de nuevo. Ello representa una ventana de oportunidad que, por falta de incentivos, se desaprovecha”.
Al hablar de las opciones que tienen los consumidores para que sus equipos sean desechados de manera segura, destacó que debe alentarse la cultura del reciclado. “La recomendación no es tirar a la basura, es mejor esperar los ‘reciclatrones’ o ‘reciclones’, una iniciativa de la autoridad federal y de empresas del área”.
“No hay información adecuada para el consumidor, el consumidor no sabe qué hacer con estos objetos, las empresas no encuentran los incentivos para invertir en el reciclaje. Además detrás de todo está esta lógica capitalista perversa de hacer cosas que duren poco tiempo para que tú tengas que volver a comprarlas. No se hacen objetos que puedan ser reparables, intercambiables, sino estas trampas del fabricante que te obligan a ir renovando en un corto tiempo y a veces no comprar sólo el repuesto, sino toda la pieza. Los consumidores nos dejamos seducir por las ventajas de rapidez, pero no vemos la cara oculta del producto”, dijo
