Alfredo Martínez de Aguilar
En medio del diluvio de estiércol que cae sobre la vieja y nueva clase política más que valiosas son realmente trascendentales las declaraciones del investigador educativo Samael Hernández Ruiz.
Más que puntual precisa que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), entre otras, se equivocan al dar respuestas a la Sección 22 de la CNTE por “encima de la ley”.
Creen que cumpliendo sus demandas, por encima de la ley, van a lograr tranquilizarla. No obstante, se equivocan, pues la Sección 22 es una “maquinita” de protestas y conflictos.
“Les están dando todo lo que están pidiendo por encima de la ley, lo cual significa si no la muerte, sí un serio revés a la reforma educativa que pretendía poner orden en pagos a los trabajadores de la educación y mejorar la calidad educativa”.
Dijo que los integrantes de este sindicato se sienten fuertes, y el mismo gobierno federal los hace sentir fuertes al resolverles sus exigencias y al actuar de esa manera están yendo contra la misma ley que el mismo gobierno modificó.
“El gobierno federal no ha entendido que a la Sección 22 le sirven las actividades sindicales para escalar a otras situaciones. Quieren debilitar la administración de Enrique Peña Nieto y de poder, provocar su renuncia”, advirtió.
Y no le falta razón al investigador educativo, dada su amplia experiencia en el estudio de los movimientos sociales y de la guerrilla en México, amén de su paso por Chiapas antes, durante y después del levantamiento del EZLN.
Retomamos sus declaraciones en esta entrega porque fortalecen nuestras permanentes denuncias sobre los verdaderos móviles y objetivos a perseguir por la mafia de la CNTE-EPR desde la Sección 22.
Ambas organizaciones marxistas de corte maoísta buscan estallar la revolución comunista en México para tomar por asalto el poder con el apoyo de ‘idiotas útiles’ y ‘compañeros de viaje’ en los partidos de izquierda.
Pero lo más preocupante es que desde el propio gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se renuncie a respetar y hacer respetar la Ley en contra de la serie de delitos del fuero común y federal que cometen.
El mayor error de las democracias liberales es precisamente abdicar del ejercicio soberano del poder para cumplir su obligación primaria de garantizar ante todo seguridad a sus gobernados con toda la fuerza de la Ley.
A lo largo de la historia está más que comprobado que los gobiernos que empiezan a ceder ante sus adversarios y enemigos políticos terminan capitulando y entregando el gobierno a éstos.
Con sobrada razón Samael Hernández afirma que el magisterio de Oaxaca no tiene para cuándo acabar y ese es el problema ante Gobernación, porque salen unas demandas y luego otras, sin que los funcionarios pongan un alto al otorgamiento de las respuestas.
Hasta ahora los amigos y colaboradores más cercanos del presidente Enrique Peña Nieto, integrantes del gabinete legal, particularmente el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, han malentendido sus obligaciones de garantizar la paz social.
Ciertamente, es necesario para los gobiernos negociar para arribar a acuerdos, pero no a ceder a todo y en todo momento, y menos todavía sin exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos a menos que se busque dinamitar a México.
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