DETRÁS DE LA NOTICIA / Alfredo Martínez de Aguilar

Para reinar despóticamente desde los 70 en Oaxaca, nada mejor que la federación destruyera la educación media superior y superior, a través del alcohólico Secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles.

En medio del caos, todo indica que las autoridades universitarias serán procesadas penalmente por desacato por el Poder Judicial Federal al violar la suspensión provisional de amparos en su
contra.

El prestigio docente, de investigación y difusión de la cultura, ubica a la UNAM entre una de las cien mejores instituciones educativas del mundo. En cambio, la UABJO se hunde en el fango.


Sin educación de calidad, con valores universales, no hay salvación nacional. Tampoco hay desarrollo y crecimiento económico. En una palabra, no hay progreso, como ocurre en Oaxaca.

Para reinar despóticamente desde los 70 en Oaxaca, nada mejor que la federación destruyera la educación media superior y superior, a través del alcohólico Secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles, quien incendiara Oaxaca para tirar al digno gobernador Manuel Zárate Aquino.

La misma maniobra perversa, se aplicó a la educación básica, mediante la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por conducto del populista
gobernador echeverrista, Heladio Ramírez López en la década de los 80.

¡Cuánta razón histórica tuvo en la apertura del glorioso Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca el liberal José Juan Canseco, quien fuera uno de los autores de la ley que creó esa institución!


Al hablar en el año de 1827 sobre el establecimiento de las bases del naciente Instituto destacó la trascendencia social del conocimiento y la libertad como dos de los valores eternos del hombre.

El entonces senador oaxaqueño, señaló que “la libertad es el primero y principal de los derechos, es la pasión más fuerte del hombre, es el derecho supremo de la dignidad humana”.

También advirtió premonitorio que “el despotismo conspira siempre para apoderarse de la libertad para corromperla, difamarla y aniquilarla entre las tinieblas sepulcrales y horrorosas
sombras de la ignorancia; destruir para reinar, como se dice maquiavélicamente”.

Hoy por hoy, reina el caos total en el Alma Mater de los oaxaqueños por la escandalosa corrupción de la familia de Abraham Martínez Alavés y sus hijos, especialmente Eduardo, así como por la
entrega del campus de la UABJO al narcomenudismo.

¡Vaya, pues, que no faltó razón en su advertencia al senador liberal José Juan Canseco, uno de los fundadores oaxaqueños del ICAO en 1821 al lado de varios profesores liberales españoles!
Salvo cada vez menos honrosas excepciones, verdaderos garbanzos de a libra, dónde están las nuevas generaciones que contribuyan a engrandecer a México como lo hizo la Generación de la
Reforma al aportar al liberalismo mexicano desde la política, la cátedra y el periodismo.

Benito Juárez, Porfirio Díaz, Ignacio Mejía, Ignacio Mariscal, Manuel Guzmán, Manuel Ruiz, Manuel José Toro, Matías Romero, Justo Benítez, Mariano Zavala, Gerónimo Larrazábal, Juan Nepomuceno Cerqueda.

Juan María Maldonado, Lope de San Germán, Manuel Iturribarría, José Esperón, José Antonio Gamboa, José Antonio Noriega, Marcos Pérez, Félix Romero, Bernardino Carbajal, José María
Cortés, Emilio Rabasa, Eutimio Cervantes.

Rosendo Pineda, Rafael y Emilio Pimentel, Aurelio Valdivieso, Antonio Álvarez, Fausto Moguel, Rafael Reyes Espíndola, Constancio Peña Idiáquez, Manuel Brioso y Candiani, Demetrio Sodi
Pallares y Ramón Pardo, entre los más sobresalientes.

En medio del caos, todo indica que las autoridades universitarias serán procesadas penalmente por desacato por el Poder Judicial Federal al violar la suspensión provisional de amparos
promovidos en su contra.

En todos los casos las autoridades universitarias desacatan el cumplimiento de las suspensiones provisionales de jueces federales, porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana.

Como botón de muestra, baste mencionar que en el mes de mayo de 2017, se presentó una denuncia en contra del rector, violación a la suspensión provisional y definitiva de amparo.

La denuncia por el delito previsto y sancionado en el artículo 262 de la Ley de Amparo incluye al director de la Facultad de Derecho, al director de Redes y a los 20 integrantes del entonces Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.

Ello debido a que en uno de los amparos que se promovieron por los estudiantes del Edificio Central el Juez Décimo de Distrito ordenó a favor del estudiantado la suspensión provisional de los
actos que se reclamaban de las autoridades universitarias.

Pero a las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Eduardo Bautista, no les importó la orden del juez federal y violaron la suspensión provisional desacatando la orden federal.

El fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR) que le correspondía resolver sobre el ejercicio de la acción penal en contra de las autoridades universitarias, en franca parcialidad,
actuando a favor de las autoridades y no de las victimas (estudiantado y sociedad) resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Contra esa resolución promovimos inconformidad y el Juez de Control de Justicia Penal Federal señaló una audiencia para el 10 de agosto de 2018 a las 12.45 horas para analizar los argumentos
del fiscal por los que negó el ejercicio de la acción penal.

El Juez de Control concedió el uso de la voz, primero, a los abogados del estudiantado (Lic. Jesús Villavicencio y Dr. Daniel Cervantes), para escuchar sus argumentos. Después, los argumentos del
fiscal (que irónicamente parecía más defensor de los acusados que de las víctimas).

Por último, escuchó los argumentos de los abogados de los acusados (Soledad Baltazar Segura, Nazario Pérez y Salvador García, éste último se presentó como abogado defensor de Miguel Ángel
Ramírez Hernández).

Después hubo debate contra los argumentos de cada parte. Los argumentos (por cierto, muy endebles) del fiscal y de los abogados de las autoridades universitarias básicamente se centraron
en que para ellos: No se daba el delito; era algo sin importancia; había defectos en una notificación; que ya no había estudiantes que ya se habían regresado a Ciudad Universitaria y que
la denuncia la debió presentar el Juez de Distrito y no nosotros.

Después de haber oído a las partes el Juez de Control resolvió: SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PORQUE LOS ARGUMENTOS VERTIDOS POR EL FISCAL NO SON CORRECTOS JURIDICAMENTE, Y SE LE ORDENA VOLVER A RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL.

En coincidencia con los denunciantes el Juez de Control dijo: Que sí se da el delito; que no es requisito indispensable que el juez federal hubiere presentado la denuncia porque es un delito
perseguible de oficio; Asimismo, dijo Que es grave no acatar la orden de un juez federal; Que la suspensión provisional es precisamente para detener de manera inmediata los actos de la autoridad, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.

Y Que no importaba el hecho que ya no hay estudiantes en el Edificio Central, el delito ya se había dado. Todo esto indica que las autoridades universitarias serán procesadas penalmente.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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