Reinician cacería contra Gabino Cué ¡Se busca!

Alfredo Martínez de Aguilar/DETRAS DE LA NOTICIA


El Estado de derecho democrático y las leyes que de este emanan, son la única institución que supuestamente
hace iguales a los seres humanos. Claro, como toda obra humana ambas son imperfectas y relativas.

Indispensable es reconocer que en la vida de los seres humanos la teoría constitucional se estrella contra la cruda
y cruel realidad. Ciertamente, en el vida real, no se trata igual a los desiguales. Es una verdad por todos sabida.

Algunos son más iguales que otros. Entran en juego los intereses y compromisos. Al lado del sexo, no hay mayor
complicidad que el manto protector del poder y del dinero. Más ahora entre políticos-empresarios.


Los dos últimos garantizan impunidad, a veces total, otras parcial. No obstante, la primera obligación del Estado
mexicano es garantizar la seguridad de sus gobernados. A cualquier precio, a querer o no, guste o no.

Con pleno respeto a los derechos humanos, los representantes del Estado jamás deben olvidar ni menos
renunciar al ejercicio de la fuerza pública o, incluso, de las fuerzas armadas. Monopolizan la violencia legítima.

Y garantizar la seguridad de los mexicanos por el Estado pasa por aplicar el peso de la ley a quienes la infringan.

Debe serlo en mayor medida tratándose de gobernantes, servidores públicos y representantes populares.


A la luz de estas premisas constitucionales reviste singular trascendencia la firme decisión del gobernador
Alejandro Murat por combatir la corrupción. Compromiso compartido por los Poderes Legislativo y Judicial.

Pocos servidores públicos en el Poder Ejecutivo entienden el proyecto de gobierno de Alejandro Murat. Es
público el compromiso de los Fiscales General, Rubén Vasconcelos, y Anticorrupción, Jorge Emilio Álvarez.

El Estado mexicano y el Gobierno del Estado deben hacer justicia a Oaxaca y a los oaxaqueños en todos los
casos. Trátese de funcionarios públicos de los diversos niveles, políticos en general o dirigentes sociales.

Así ocurre con todos los oaxaqueños de a pie, simples mortales. Todos coludos o todos rabones. Es obligación
del Estado mexicano y del Gobierno del Estado, pero tenemos que exigirlo. No nos hacen ningún favor.

El largo brazo de la ley debe alcanzar a los gobernadores o ex gobernadores, servidores o ex servidores públicos.
Especialmente a quienes pretenden evadir la ley como operadores político-financieros sin cargo público.

En tales condiciones, resulta alentador y hace resurgir la esperanza en la justicia que se notifique por edictos al
gobernador Gabino Cuéquetienesiete días de plazo para que responda al juicio político en su contra.

El Poder Legislativo debe ser extremadamente escrupuloso para evitar que se piense que se trata de una
maniobra perversa para garantizarle impunidad, sobre todo, porque la sanción puede ser la simple inhabilitación.

Debe ser ante todo un acto de estricta justicia, no de venganza política, mucho menos de la aplicación selectiva
de la ley, privilegiando el respeto a sus derechos humanos por las Fiscalías General y Anticorrupción del Estado.

Afortunadamente, hasta ahora, los titulares de ambas Fiscalías, Rubén Vasconcelos Méndez y Jorge Emilio
Iruegas Álvarez, han dado sobradas muestras de actuar en cumplimiento de la ley y haciéndola cumplir.

La Comisión Instructora del Congreso del Estado publicó el sábado en medios impresos locales el edicto en que
se emplaza al ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, se presente a responder o envíe escrito acerca del juicio
político que se inició en su contra.

El mandatario fue denunciado ante el Poder Legislativo por parte de Amira Cruz, Salvador Cruz Pimentel y
Benjamín Robles, por presunto desvío de recursos por al menos 30 mil millones de pesos durante su sexenio.

La Comisión Instructora de la LXIII Legislatura, que encabeza la diputada por Morena, María de Jesús Melgar,
inició el proceso desde hace medio año pero el procedimiento se atoró al no hallar el domicilio del ex
gobernador para entregarle la notificación.

Por esa razón, el pasado sábado el órgano publicó un edicto en que le da siete días de plazo, a partir de ese día, a
Cué Monteagudo para que responda personalmente o por escrito acerca de la demanda de juicio político.

Así, pues, el pasado sábado inició la búsqueda del exgobernador de Oaxaca Gabino Cué, a través de los medios
de comunicación para notificarle sobre el Juicio Político en su contra, por un presunto desvío de al menos 30 mil
millones de pesos.

A ocho meses del inicio del procedimiento de juicio político, el Congreso de Oaxaca notificó a Cué Monteagudo
de la acusación en su contra, a través de un edicto publicado en un medio local, luego que no se localizara en su
domicilio particular registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el desplegado publicado, se emplaza al exmandatario a responder a la notificación en un periodo de siete días,

la cual podrá ser por comparecencia o por escrito.

El siguiente será la contestación por parte del exgobernador a la LXIII Legislatura para defenderse de las
acusaciones señaladas por el senador del Partido del Trabajo Benjamín Robles Montoya.

Por salud pública, resulta altamente positivo y alentador para recuperar la confianza y credibilidad en la justicia
que el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, continúe respetando y haciendo respetar la ley.

Es el caso de la detención de un operador político del exsecretario de Finanzas de la CTM, Marco Antonio
Sánchez Cruz, vinculado como probable responsable del homicidio de cinco personas ocurrido en
Totolapan en 2013.

La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Luis O. L., integrante de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) por su presunta participación en el multihomicidio de cinco personas en Oaxaca, ocurrido el
pasado 13 de junio de 2013 en San Pedro Totolapan, Tlacolula.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, el ahora detenido participó en el crimen junto con el
exsecretario de Finanzas de la CTM en el estado, Marcos A. S., recluido por el mismo delito de homicidio
calificado.
Por tal motivo, la Agencia Estatal de Investigaciones dio cumplimiento a la orden de aprehensión 86/2017 que
dictó el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro por el asesinato de las personas Plutarco García
Matria, Irving Adaí García, Plutarco García Sibaja, Héctor Javier García y Édgar Merino Alavés.
Supuestamente Luis O. L. era operador del exsecretario de Finanzas en la zona de Yautepec, en la Sierra Sur de
Oaxaca.

A la investigación y futura detención del ex gobernadfor Gabino Cué, en su caso, debe seguir el de su burbuja,
Jorge Enrique Castillo Díaz, José Zorrilla de San Martín Diego, Netzahualcóyotl Salvatierra López y Alberto
Vargas Varela, entre muchos otros mandos altos y medios del sexenio de la ignominia.

No solo se debe castigar con cárcel el saqueo, sino sobre todo, perfeccionar la Ley de Extinción de Dominio par
confiscar el dinero y bienes adquiridos con el dinero robado al pueblo de Oaxaca. El escándalo del cinismo con
el que se exhiben públicamente los corruptos es una mentada de madre al pueblo.

alfredo-daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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