Fiscal puede poner en aprietos a la Sección 22 de la CNTE

Alfredo Martínez de Aguilar/DETRAS DE LA NOTICIA


Al ser el menos peor de los gobiernos, la democracia entraña la posibilidad de contar con un Estado de Derecho, cuyas leyes que de éste emanen busquen ante todo la igualdad de los gobernados.

Una de las principales características de la ley es su aplicación general de manera coercitiva, es decir, aplicada con la fuerza del Estado, toda vez que se respeta de forma obligada, guste o no.

En este sentido, ante el caos permanente generado por los activistas y milicianos de la Sección XXII de la CNTE, el Fiscal General del Estado puede prestar un enorme servicio al pueblo y gobierno.


Si Rubén Vasconcelos cumple su juramento laico de respetar y cumplir la ley, y hacerla respetar y cumplir, coadyuvará de manera abierta y decidida a recuperar la gobernabilidad en Oaxaca.

Y para ello, nada mejor que exigir a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizar una exhaustiva investigación del probable asesinato de la alumna de la Normal de Tamazulapan.

Por la causa de muerte asentada en el Acta de Defunción, no se descarta la posibilidad que haya sido asesinada a golpes durante las prácticas guerrilleras a que son sometidas las novatas.

El Director de la AEI, Antonio Yglesias Arreola, debe ordenar a sus sabuesos profundizar las investigaciones y confirmar el entrenamiento guerrillero a las alumnas de nuevo ingreso.


Indispensable es que la Fiscalía apoye a los padres de la alumna Lizbeth Noemí Escalante Pérez, a fin de llegar hasta las últimas consecuencias en los motivos de su muerte, por choque neurogénico.

Asimismo, es imperioso que la Fiscalía General de Oaxaca se coordine estrechamente con su homóloga del estado de Chiapas, sobre todo, entre los Institutos Periciales de ambas entidades.

No es descartable que la alumna, originaria de Chiapas, haya sido asesinada a golpes en las prácticas guerrilleras que realiza la CNTE en la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan.

Urge que los padres y familiares de la estudiante de 18 años, Lizbeth Noemí Escalante Pérez, exijan la realización de la exhumación para confirmar o descartar que ésta fue asesinada a golpes.

La causa de su muerte fue choque neurogénico, síndrome de hipertensión endocraneal y hemorragia forequimatosa frontal derecha. Es posible que recibiera golpes que provocaran su muerte.

El shock neurogénico, causado por daño al sistema nervioso, puede ser provocado por lesión de la médula espinal a nivel o por encima de los músculos intercostales y tronco por encima de la cintura.

Sus familiares han asegurado que su fallecimiento es responsabilidad de las autoridades escolares de la Sección XXII de la CNTE, por los “trabajos forzados” a los que presuntamente fue sometida.

Los familiares de la joven probablemente asesinada a golpes ignoran que los “trabajos forzados” son, en realidad, acciones de entrenamiento guerrillero teórico- práctico “en nombre del socialismo”, que termine con la opresión del sistema capitalista.

Durante el “curso de socialización”, las alumnas de nuevo ingreso sufren maltrato físico y abusos por el comité de alumnas, con aprobación de la directiva escolar de la CNTE para realizarlo.

El “curso” incluye maltrato “psicológico” durante siete días al mantener a las novatas trabajando sin descanso y a quienes no cumplen las someten a castigos físicos que van desde no ingerir alimentos, hacer trabajos forzados en el campo, limpieza del basurero municipal y correr largos tramos.

Según el testimonio de sus familiares, entre ellas su hermana, Norma Elisa Escalante Pérez; la alumna muerta Lizbeth Noemí Escalante Pérez manifestó malestar físico desde el pasado jueves 12 de octubre y las alumnas a cargo del “curso” no atendieron su queja.

Fue hasta el miércoles que la alumna, tras su desvanecimiento y al no haber personal médico que le diera los primeros auxilios,  fue trasladada en estado grave al hospital general Pilar Sánchez Villavicencio de los Servicios de Salud de Oaxaca, donde murió.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) lamentó el fallecimiento de la alumna Lizbeth Noemí Escalante Pérez, quien cursaba el primer semestre en la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapam, y solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de esta irreparable pérdida.

Ante este suceso, el Director General del IEEPO Germán Cervantes Ayala, a nombre de la Autoridad Educativa Local, envió sus condolencias a la familia y reiteró que brindará toda la información requerida por las autoridades de justicia y de derechos humanos para que se realicen las indagatorias correspondientes sobre estos hechos.

La alumna Lizbeth Noemí Escalante Pérez tenía 18 años de edad, era originaria de Chiapas y estudiaba el primer semestre en la Escuela Normal Rural Vanguardia del municipio de Villa de Tamazulapam del Progreso en la región de la Mixteca.

A la luz de esta justa demanda en busca de justicia cobra total claridad la exigencia de la renuncia del director general del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, por los capos, sicarios y comandantes públicos y clandestinos de la Sección XXII de la CNTE. Ocultan el probable asesinato de Lizbeth.

Resulta esperanzador que la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso y prisión preventiva de 15 Policías Estatales por su probable participación en los delitos de abuso de autoridad y robo con violencia por equiparación.

Los hechos tuvieron lugar en el Rancho “La Engorda” perteneciente al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, el día 13 de octubre de este año, cuando 3 camionetas presuntamente pertenecientes a la Policía Estatal llegaron al lugar con 15 hombres uniformados, en donde según la evidencia presentada cometieron los delitos mencionados.

El pasado viernes 20 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron las
órdenes de aprehensión en contra de J.B.G.V., L.M.C., J.M.D., J.C.G.R., J.L.M.P., J.A.S.B.,
G.R.H., F.R.H., E.J.G., A.F.J., J.L.R.S., M.M.A., J.H.L., A.R.V. y A.J.P.P., dejándolos a
disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Derivado de lo anterior, el Juez de Control vinculó a proceso a los imputados y a solicitud del
Ministerio Público dictó prisión preventiva como medida cautelar otorgando 3 meses para el cierre de investigación, quedando dichos elementos policíacos internados en la Penitenciaria Central del Estado.

La Fiscalía General del Estado, a través de su Agencia Estatal de Investigaciones, ejecutó las 15 órdenes de aprehensión contra Policías Estatales como probables responsables de los delitos de robo calificado, allanamiento de morada y abuso de autoridad.

Los hechos sucedieron en el Rancho “La Engorda” del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, el día 13 de octubre del presente año, cuando arribaron al inmueble 3 camionetas con la leyenda de la Policía Estatal, de la cual descendieron personas uniformadas con chalecos tácticos para cometer el ilícito.

Al tener conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalía General inició con las investigaciones correspondientes sin dejar, en ningún momento, de avanzar en las actuaciones que eran necesarias para definir hechos y determinar responsables.

Una vez teniendo los elementos de prueba necesarios, se solicitó al Juez de Control las órdenes de aprehensión contra los probables responsables.

El día de hoy, se dio cumplimiento a los mandatos judiciales contra 15 elementos de la Policía Estatal mismos que serán puestos a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la procuración de justicia imparcial, dirigida a evitar abusos y arbitrariedades y reducir la impunidad.

Aclaración de Gabriela Ortiz

A través de la dirección de correo electrónico gabriela.tunon@gmail.com la señora Gabriela Ortiz
de Tuñón aclaró que sigue siendo esposa del Secretario de Seguridad Pública, Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui. “Si bien comencé una demanda por violencia familiar contra Raymundo, no he entablado la demanda de divorcio”.

El número de expediente en el que se encuentra la demanda de la señora Gabriela Ortiz de Tuñón y su hijo José Raymundo Tuñón Ortiz , en el Juzgado Cuarto de lo Familiar tiene el Folio 2848/2017, en Torreón, Coahuila.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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