Exigen eperristas cumplimiento a resolución judicial


Instinto Político | Mario Díaz
Al considerar que la desaparición de  Edmundo Reyes Amaya  y Gabriel Alberto  Cruz Sánchez,  fue por sus convicciones políticas tras militar en el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), el Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo, (FNLS), exigió cumplimiento a la resolución judicial 29/2014 y la recomendación de la CNDH 7/2009.
En voz de Nadin Reyes Maldonado, reiteraron que la desaparición es un crimen de lesa humanidad y así actúa el Gobierno para detener el avance del descontento y la organización popular.
Este 2017 varios casos cumplirán de igual manera una década de haberse cometido, entre ellos, el de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); el defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz; el indígena chatino Lauro Juárez; los 32 petroleros de Cadereyta Nuevo León, entre otros, todos estos hechos dijo exhibe la sistematicidad con se ejecutan los crímenes de lesa humanidad.
Mencionó que durante el desarrollo de la jornada nacional de lucha se pudo constatar que los miles de víctimas son hijos del pueblo, sobre quienes se pretende tender el estigma de pertenecer a un “cartel o grupo delincuencial”.
Particularmente en el estado de Veracruz, en las regiones donde existe el interés de empresas trasnacionales, son los lugares donde los crímenes se incrementan exponencialmente, señaló.
Consideró urgente exhibir lo que dijo es una relación perversa que existe entre el poder económico y el poder político, ante la necesidad de imponer a sangre y fuego la voracidad de una minoría empresarial, de una cúpula oligárquica, que pretende sostener el régimen neoliberal a través del terrorismo de Estado.
Señaló  que el Estado mexicano representado en estos momentos por Enrique Peña Nieto no sólo no abona a resarcir medianamente el daño a las víctimas, sino que profundiza aún más la herida con el cometido de más crímenes.
Denunció que a pesar de la campaña de represión ejercida contra sus acciones y que tuvo una agudización a partir de 2015 cuando realizaron una serie de actividades para dar a conocer los avances en el proceso jurídico y político contras las desapariciones forzadas en nuestro México, siguen en lucha.

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