Opinión de Ernesto Villanueva /Proceso.- Mientras más analizo los cientos de contratos asignados por Alejandro Murat a su paso por el Infonavit, más me sorprende e indigna cómo ha utilizado nuestros recursos para sus fines político-personales, aprovechando la figura de las compras directas y procedimientos específicos que no están sujetos a ningún control previo o durante el proceso, sino sólo posterior. La semana pasada me he concentrado en el tema de Murat cada día con nuevos datos. Obviamente no me voy a repetir aquí de ningún modo.
No puedo, empero, dejar de escribir cada vez que surge algo de interés público que, por la magnitud de la información, no había analizado. En esta oportunidad me quiero enfocar en dos aspectos sobre Murat en el Infonavit: a) compras genéricas como si de un crédito se tratara, lo que viola la normatividad en la materia. Por regla general, las adquisiciones públicas deben tener un objeto detallado susceptible de ser verificado; y b) convenios con medios de comunicación siguiendo el mismo sistema anterior. Esto, no sobra decir, sólo fue posible por la intervención de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública como facilitador y encubridor de estos actos notoriamente fuera de la ley. Y este esquema lo fue dividiendo durante los casi tres años que estuvo al frente del Infonavit.
Vamos a los datos duros. De entrada, llama la atención que a la empresa Aeroméxico (Aerovías de México S.A. de C.V.) le haya asignado dos contratos, el 4600028178 y el 4600028643, por la cantidad de ¡65 millones de pesos!, por concepto de “viajes”. ¿Cuántos? ¿Quiénes viajaron? ¿Cuál fue el precio pagado por viaje? En tiempos de austeridad, según el presupuesto de Egresos de la Federación, ¿por qué se pagó por adelantado a Aeroméxico? ¿Por qué no se vieron otras opciones de transporte aéreo menos onerosas para el erario? Lo menos que puede uno decir es que aquí hay gato encerrado. Es probable que ese dinero se haya “adelantado” a la empresa aérea para que prestara sus servicios en otros momentos y para fines ajenos al Infonavit. ¿Sería una locura pensar que en realidad se trató de un crédito para ser usado en un proceso electoral donde tuviera interés Alejandro Murat?
Así también llama la atención el contrato 4600027180 a una empresa de call center o servicios de operadoras telefónicas por la cantidad de ¡95 millones de pesos! ¿No tiene personal el Infonavit para el desempeño de esas funciones? ¿Qué hace entonces la Subdirección General de Canales de Servicio, que tiene varias áreas para cumplir con las funciones de contacto entre la sociedad y el Infonavit previstas en el artículo 20 del Estatuto Orgánico del propio instituto? Si no cumple con sus tareas esa Subdirección General, ¿por qué no se ha procedido a fincar las responsabilidades legales que corresponden? ¿No podría existir la posibilidad de que a esa empresa de call center se le haya asignado un “crédito” para ser usado en un proceso electoral ajeno por su naturaleza al Infonavit y violatorio de varias disposiciones legales?
Digno de mencionar es el contrato a la firma Molrod Silber y Asociados S.C., especializada en temas legales de crimen organizado, de acuerdo con el contrato 4600028302 que el Infonavit le asignó discrecionalmente por una cantidad de ¡64 millones 111 mil 468 pesos! Es público y notorio que el Infonavit no debe llevar ese tipo de asuntos que están fuera de todas sus atribuciones. ¿Sería razonable pensar que, de nueva cuenta, se trata de un “crédito” para eventualmente tener una defensa legal por posibles cargos relacionados con el crimen organizado en el que pudiera estar involucrado Alejandro Murat?
No podían faltar los medios en esta andanza de recursos públicos para fines privados, como lo parecen demostrar algunos contratos que es relevante señalar, porque tampoco tienen un objeto desglosado y susceptible de verificarse, razón por la cual generan una duda razonable sobre el destino de esas asignaciones directas.
Veamos. El contrato 4700014000 asignado a la empresa Cadena Radiodifusora Mexicana S. A. de C.V., por 1 millón 673 mil 824 pesos tiene por objeto “contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos”. ¿Cuál mensaje, cuándo y por qué se transmitió? No hay información. La misma genérica leyenda tiene el contrato 4700014001 a Grupo Radiodifusoras S.A. de C.V., por 999 mil 999 pesos.
Y lo mismo pasó en los siguientes contratos: el 4700014022 a Sociedad Mexicana de Radio S.A. de C.V. por 499 mil 493 pesos; el 4700014041 otorgado a El Economista Grupo Editorial S.A. de C.V. por 1 millón 5 mil pesos; los contratos 4700014055 y 4700014056 a Milenio Diario S.A. de C.V. por 1 millón 199 mil pesos. Y a Televisa S.A. de C.V. el 4700014054 fue por 14 millones 467 mil 236 mil pesos. Éstos son sólo algunos ejemplos.
Tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación como los lineamientos sobre publicidad oficial expedidos por la Secretaría de Gobernación disponen que debe existir un proyecto puntual y desglosado de campaña para el uso de recursos públicos, lo que en este caso se ignoró por completo por la omisión –¿cómplice?– de Virgilio Andrade, quien en lugar de promover un mínimo de control, garantiza opacidad y corrupción con toda la confiabilidad posible.
Ahora Andrade se ha convertido en depredador activo de los recursos del pueblo con Alejandro Murat y muchos de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Y es este personaje el que se apresta a ser ratificado por el Congreso como el garante de la corrupción para combatir la corrupción, así como lo oye, con todo y 3 de 3 que es casi imposible de verificar; por eso ha causado tanta simpatía en los legisladores políticos corruptos para engañar a la comunidad de que hay un avance.
ernestovillanueva@hushmail.com
